Inmigración

LA INMIGRACIÓN ES LA PUNTA DE LANZA DE LA GLOBALIZACIÓN PARA DESTRUIR EL MERCADO LABORAL DE OCCIDENTE Y HUNDIR LOS SERVICIOS SOCIALES

Si los actuales progres de sofá hubiesen leído a Marx, sabrían que, a un aumento de la cantidad de mano de obra le sigue una caída de los salarios (dumping laboral): una manifestación de la ley de oferta y demanda. Tanto la productividad económica como el sueldo medio, dependen actualmente del capital invertido en cada puesto de trabajo.
Cuando se introducen en la economía nacional a millones de personas que no traen capital, los sueldos bajan automáticamente, del mismo modo que cuando llega de visita un jeque de un petro-régimen árabe a una ciudad, los sueldos de esa ciudad suben.

Por razones obvias, a los grandes depredadores capitalistas les conviene tener una mano de obra muy abundante y muy barata. Para lograr esta mano de obra abundante y barata, han promovido cuatro procesos históricos:

1- La emigración del campo a la ciudad durante la etapa del capitalismo industrial. Para ello fue necesario desmontar (mediante revoluciones liberales, desamortizaciones y expropiaciones), las estructuras económicas y políticas del Antiguo Régimen, que eran eminentemente rurales. El efecto de este proceso fue la aparición del proletariado, el crecimiento descomunal del mundo urbano, la pérdida de las tradiciones ancestrales y el auge de las enfermedades mentales.

2- La entrada de la mujer en el mercado laboral durante la etapa del capitalismo comercial. Desde los tiempos de la "liberación femenina", la mano de obra se ha prácticamente duplicado y los sueldos se han reducido a la mitad de su poder adquisitivo o más. Como efectos secundarios, la natalidad ha caído en picado y tanto la vida familiar como las identidades sexuales están siendo desmanteladas.

3- La inmigración tercermundista y la deslocalización empresarial durante la actual etapa del capitalismo: la de la globalización. Se trata de un último intento de buscar mano de obra abundante y barata para poder mantener el crecimiento ficticio de unas cifras abstractas que nunca redundan en un beneficio real para el pueblo, sino al contrario. En este apartado nos concentraremos en cómo beneficia la inmigración a los grandes empresarios.

El capitalismo no quiere trabajadores caros que exijan buenas condiciones laborales y que tiendan a repartir la riqueza del país de forma equitativa. El capitalismo desea trabajadores dóciles, dispuestos a trabajar hasta la muerte por un mísero cuenco de arroz. Actualmente, los únicos lugares donde se puede encontrar mano de obra vapuleable a millones es fuera del Primer Mundo. China se ha convertido en la tierra prometida de la deslocalización industrial, pero también Occidente se ha convertido en la tierra prometida de las masas tercermudistas, atraídas por multinacionales codiciosas que se cubren de beneficios a costa del pueblo autóctono, y por políticas "solidarias" completamente divorciadas de la realidad.

Desde que llegaron los inmigrantes, quedó claro que en sus países de origen no había habido grandes luchas sociales, por lo cual aceptaban términos de contratación que para cualquier autóctono serían insultantes. Los inmigrantes no pedían seguro médico, horas extra pagadas, 30 días de vacaciones al año, bajas por maternidad, excedencias y otras "mariconadas" que encarecen los costes de contratación y por tanto de producción. La consecuencia es que los sueldos han bajado y el mercado laboral autóctono se ha hundido. Donde antes el empresario tenía que aceptar a regañadientes a un trabajador español exigente, ahora puede decirle "700 euros al mes o te vas a la calle, que fuera hay cuarenta ecuatorianos y cincuenta magrebíes esperando". De esa manera, mientras la vida se encarecía cada vez más por la inflación, los sueldos simplemente no subieron. La consecuencia de este estado de cosas es que la inmigración no ha supuesto un reparto de riqueza, sino un reparto de pobreza. La riqueza perdida por el pueblo trabajador autóctono se la ha embolsado una pequeñísima élite de grandes empresarios, usureros y especuladores.

La ley de la oferta y la demanda en el mercado laboral capitalista, llevada al extremo.

Por poner un ejemplo, digamos que la entrada de la inmigración ha supuesto que los salarios no subiesen a (seamos muy generosos) 100 euros más al mes. Con catorce pagas anuales, nos colocaríamos en 1400 euros al año que se han ahorrado las empresas por trabajador. Volvemos a ser generosos y presuponemos que el dumping laboral "sólo" ha afectado a 10 millones de trabajadores: resulta que las empresas se ahorran 14 mil millones de euros al año. Si multiplicamos eso por los años que van desde el 2000 hasta el 2008, nos encontraríamos conque los empresarios se han ahorrado en ocho años 112.000 millones de euros (y si tomamos el periodo 1996-2012, ya estaríamos hablando del doble). Esta cifra puede no decirnos gran cosa a quienes no estamos acostumbrados a concebir estos números en términos económicos. Para comprenderla, la producción petrolera anual de Kuwait asciende a 90.000 millones de euros. La recaudación del tesoro público español en un año es de 100.000 millones de euros. Google pagó 8.700 millones por Motorola, los gastos en pensiones en España son de 6.600 millones de euros, el presupuesto para educación es de 3.000 millones y el subsidio de paro de 420 euros nos cuesta 1.300 millones al año. Si pensamos en la cantidad de guerras que se libran debido a unos beneficios petroleros de unos pocos miles de millones de euros, entendemos el enorme interés que tiene el capitalismo en mantener el descomunal negocio de la inmigración y que nadie lo cuestione.

De hecho, los intereses económicos involucrados en la inmigración son tan fuertes que se han procurado todo un aparato defensivo cultural: quien delata este estado de cosas, es calificado con vocablos acuñados artificialmente por políticos y magnates mediáticos, como el consabido "xenófobo". Es la equivalencia moderna del "hereje" medieval: una palabra-comodín para apelar al lado irracional-instintivo y quitarse a un oponente molesto del medio cuando faltan los argumentos racionales. Hay que dejarse de retóricas obsoletas, la realidad es que los perjudicados por el multiculturalismo son los obreros nacionales, y los beneficiados han sido los grandes oligarcas capitalistas, siendo ellos los que utilizan la palabra-tótem "xenofobia" y los que menean el espantajo del "racismo" para que nadie critique sus políticas económicas criminales.

Vemos la acción de estos oligarcas en la iniciativa Programa Empresa e Inmigración (2006), en la que unos cuantos grandes consorcios capitalistas (principalmente bancos, multinacionales explotadoras, empresas de trabajo temporal y otras grandes fortunas) pedían más inmigración en España. Estos consorcios eran: Bancaja, Banco Santander, Banesto, BBK, BBVA, Caja Navarra, Cajasol, Coca-Cola España, Corporación Grupo Norte, Correos, Deutsche Bank, El Corte Inglés, Grupo Banco Popular, Grupo Eulen, Grupo Redur, Grupo Vips, Iberia, La Caixa, Manpower, PeopleMatters, Prosegur, Randstad, Sol Meliá. Un año después, los asociados se habían ampliado a 121 [1]. Son este tipo de consorcios los que realmente están detrás de la inmigración y las regularizaciones masivas en Europa, utilizando sus lobbies de presión para importar hordas de trabajadores tercermundistas como si de esquiroles se tratasen, con el fin de hundir las condiciones de trabajo, disolver las molestas identidades étnicas europeas y apropiarse de los fondos sociales en manos del Estado (los inmigrantes reciben ayudas del Estado, pero ese dinero acaba en buena parte en manos de mega-empresas privadas). Seguir pidiendo más inmigrantes cuando hay 5 millones de parados en nuestro país sólo es explicable si estas empresas buscan crear un inmenso "dumping social", es decir, fraguar una sociedad en la que el valor de cada individuo tienda a cero.

Los costes de la inmigración (para el Estado, que no para el Mercado) son harina de otro costal. Las leyes de extranjería implantadas por los plutócratas son de risa. España es el país europeo con la mayor tasa de paro… pero también el que más inmigrantes ha aceptado en los últimos años, como si nos sobraran puestos de trabajo. Somos el único país europeo en el que se permite a los inmigrantes empadronarse en un municipio sin tener tarjeta de residencia, y donde se les concede automáticamente acceso a los servicios básicos (educación, sanidad y otras ayudas) simplemente por estar allí. Los inmigrantes a menudo están muy informados (ONGs y otras fundaciones mediante: Cáritas, Cruz Roja, Secretariado Gitano, etc.) y saben muy bien cómo aprovecharse de las ayudas sociales (y ver aquí). A muchos de ellos se les concede automáticamente paga de 1.000 euros al mes, un suplemento de 350 € por cada hijo, cheques-bebé, vivienda de protección oficial (en Cataluña el 90% de estas viviendas se concede a inmigrantes, y una buena porción del 10% restante a gitanos e inmigrantes nacionalizados), guardería gratuita para sus hijos, un "asistente social" para llevarlos a la guardería si los padres no pueden, un trabajo fijo, consejos para tramitar la apertura de un negocio, exenciones de impuestos por cuatro años, desgravaciones fiscales, vales para comer gratis, cheques alimentarios, comedor escolar para los niños y posibilidad de traerse de su país a toda su familia, cosa que probablemente harán (efecto llamada). El inmigrante medio disfruta, en suma, de unas prestaciones sociales que el español medio no puede ni concebir, simplemente por el color de su piel o su procedencia. A este racismo a la inversa se le llama "discriminación positiva".

Nos encontramos, por tanto, con bolsas sociales de millones de personas (y no sólo inmigrantes, sino también gitanos y españoles) que no tienen necesidad alguna de matarse a estudiar para matarse a trabajar para ganar un sueldo de miseria. Es más fácil vivir de rentas, trapichear con droga, robar carteras o bolsos a punta de pincho, trabajar de vez en cuando en negro, ir de víctimas, echarle la culpa de todo al "sistema" y al pueblo español, lloriquearle a los servicios sociales y andar por la vida con zapatillas de marca, ropa de marca, móviles sofisticados y mejores coches que los trabajadores españoles que se parten el espinazo para pagarlos, y a los que la Administración les dice que no hay dinero y que hay que recortarles el sueldo y las pensiones. Otro de los obvios problemas de tener a todo un sector social dependiente de subsidios es que, cuando haya que meterles tijeretazo a dichos subsidios (y el momento llegará), se producirán graves conflictos. La situación es una receta para el desastre, y el desenlace traumático está 100% garantizado.

De más de 7 millones de inmigrantes que tenemos, sólo 1,8 millones [2] cotizan a la Seguridad Social. El resto no vive de su trabajo, sino del trabajo del pueblo español, disfrutando de sanidad pagada, educación pagada, uso de infraestructuras públicas e infinidad de prestaciones sociales. En la práctica, el pueblo español trabaja para ellos y es su esclavo. En términos más indignantes, podemos decir que el pueblo español trabajador está pasando graves penurias para pagar de su bolsillo a las personas que lo están agrediendo, desplumando, robando, violando, asesinando, insultando, despreciando, amenazando y odiando. Pero en última instancia, los españoles trabajan para los banqueros y empresarios que han traído la inmigración, ya que es en sus manos donde acaba la mayor parte del dinero arrancado al pueblo y dilapidado por el Estado.

Obviamente, una idea que es un desastre social en toda regla nunca echa raíces si no tiene algún tipo de gancho. En el caso de la inmigración, el gancho se dirige obviamente a los empresarios: mano de obra barata y sumisa. Otros ganchos menores iban dirigidos al público crédulo y buenista: los inmigrantes vienen generosamente a pagarnos las pensiones (habría que preguntar qué pensiones paga un senegalés que está en paro y no cotiza a la Seguridad Social, o un rumano que cobra subsidios de España pero vive en Rumanía, o un marroquí que no sabe leer o escribir, trabaja seis meses en España, se apunta al paro y vuelve a su país para traerse a toda su familia), a trabajar en los trabajos que nosotros no queremos (resulta que antes de la inmigración, los suelos se fregaban solos, los nabos se arrancaban solos del suelo y las copas volaban solas a las mesas de los clientes) y a aportar un toque de color en nuestra aburrida y monolítica homogeneidad étnica (como si la identidad no fuese un factor de vertebración para cualquier país).

La inmigración paga al Estado, siendo generosos, 5.000 millones de euros en impuestos, mientras que el Estado gasta 13.000 millones sólo en su educación y sanidad, sin contar problemas de seguridad ciudadana, ayudas sociales, trabajo negro, atención a drogodependientes, reaparición de enfermedades erradicadas en Europa hace tiempo, puestos de trabajo irregulares, no-cualificados y de cuestionable creación de riqueza (prostitutas, vendedores de top-manta, vendedor de kleenex en semáforos, vendedor de flores ambulante, vendedor de objetos falsificados y/o robados, aparcacoches, masajistas) y diversos subsidios, que superarían fácilmente los 15.000 millones anuales. El truco, por supuesto, es que todos estos costes no corren de la cuenta de las grandes empresas o bancos, sino del Estado, es decir, del contribuyente currante.

Ningún partido de izquierdas, ningún sindicato, ha cuestionado o denunciado esta inyección de mano de obra tercermundista como parte de la globalización capitalista, como una conspiración para degradar los servicios sociales (especialmente sanidad, educación y pensiones) a niveles cuasi-tercermundistas y para expropiar los fondos y medios de producción del Estado, mientras los especuladores se forran. Ningún partido izquierdista ha denunciado que la inmigración es parte de la guerra que el Mercado (consorcios capitalistas) le hace al Estado (los contribuyentes, es decir, nosotros), ya que los empresarios no subvencionan a la inmigración (sino que externalizan los costes de la inmigración sobre el pueblo trabajador), pero sí cosechan los beneficios, mientras que el Estado sí subvenciona a la inmigración, y pierde la mayor parte del dinero. Los movimientos "alternativos" del tipo 15-M tampoco han aportado ideas nuevas al grave problema del multiculturalismo; al contrario, los "indignados", que parecen portavoces de la mismísima UNESCO, se han limitado a repetir el manoseado discurso de siempre ―que es precisamente el culpable de que actualmente estemos como estamos. En toda Europa, los únicos partidos que se mojan denunciando la naturaleza económica y social de la inmigración tercermundista masiva, son algunos de los "ultraderechistas", y se encuentran bajo una fuerte campaña de desprestigio, infiltración y amordazamiento por parte de la industria mediática y la seguridad del Estado. Cabe esperar que, en el futuro, las políticas inmigratorias sean la principal línea de división ideológica entre partidos y tendencias políticas en Europa, y que acaben provocando una nueva polarización social cuando los efectos del multiculturalismo crucen el umbral de la tolerabilidad.

La solución al gravísimo problema de la inmigración no es reaccionar infantilmente en contra de los inmigrantes, sino procesar legalmente a los oligarcas capitalistas responsables de haber promovido la invasión. Por otra parte, los inmigrantes vinieron a trabajar en una burbuja económica artificial. Ahora ya no hay burbuja. Así que, para empezar, que no sigan llegando. Y para continuar, que se vayan la mayoría de los que ya han llegado, que en este país tenemos 5 millones de parados y sencillamente no hay trabajo ni bote para todo el mundo, de modo que lo lógico es que salgan los últimos trabajadores en entrar. Debe modificarse la ley de extranjería, introducirse visados y exigencia de reconocimientos médicos y certificados de penados (lo mismo que se exigía a los españoles que emigraban en otros tiempos), acabar con la "discriminación positiva" en el mercado laboral y deportar:

• A todos los inmigrantes que hayan delinquido, incluyendo los que se encuentran en régimen penitenciario. Detención = deportación.

• A todos los ilegales y en situación irregular, que por cierto, podrían incluirse en la primera categoría, ya que han incumplido la ley. Ningún ser humano es ilegal, pero incumplir la ley sí lo es, y de delincuentes ya estábamos servidos en España mucho antes de la multiculturización impuesta, como para importar más.

• A todos los que se legalizaron en regularizaciones masivas, suicidas y anticonstitucionales.

• A todos los que están apuntados al paro.

• A todos los que no cotizan ni pagan impuestos.

• A todos los que vienen sin contrato de trabajo de origen.

•  Y, a partir de ahí, a todos los que hagan falta para hacer espacio a los trabajadores autóctonos en paro.

El coste de tal operación no debería suponer demasiado lastre para una Administración que actualmente puede permitirse el lujo de distribuir por toda la geografía nacional a los inmigrantes llegados a Andalucía y Canarias, con billetes de autobús pagados por los ayuntamientos. Además, la deportación de los inmigrantes redundantes sería más barata que seguir pagándoles subsidios, de modo que la deportación se auto-financiaría a corto plazo.  

Otra opción perfectamente legítima es que los banqueros, empresarios, políticos y ONGs responsables de la situación actual, se viesen obligados por ley a costear los gastos de repatriación de sus propios bolsillos. Sería un ejemplo que los oligarcas económicos paguen los platos que ellos mismos han roto, como una enorme multa. Y en última instancia, si se pidiese financiación al mismo pueblo, muchos millones de trabajadores españoles estarían más que dispuestos a contribuir con fondos de sus propios bolsillos. De un modo o de otro, las deportaciones acabarían saliendo mucho más baratas que seguir desangrándonos en ayudas sociales.